Desde el 1 de enero de 2016, Fundación Raíces ha atendido a  537 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos por parte de distintas administraciones públicas españolas

De ellos, 349 han visto sus derechos vulnerados mientras se encontraban bajo la guarda y/o tutela de la Comunidad de Madrid, residiendo en sus centros, residencias y pisos de protección. Las vulneraciones de derechos más habituales son la negación de la condición de infancia por el procedimiento de determinación de la edad y los retrasos en la constitución de la tutela, que, unido a la escasez de recursos humanos y materiales, impiden y dificultan, el acceso efectivo de muchos niños y niñas a sus derechos más básicos: calzado, ropa, manutención, educación, asistencia sanitaria, entre otras, y,  en el caso de extranjeros, el acceso a su documentación y regularización en España, al procedimiento de protección internacional y como víctimas de trata, y al apoyo a su autonomía tras alcanzar los 18 años. Estas prácticas, en ocasiones, continúan una vez tutelados, convirtiéndose en vulneraciones de derechos sistemáticas que generan frustración y desprotección en los niños y niñas y un enorme estrés en el equipo educativo, a menudo insuficiente, poco formado y con escasez de recursos. Un contexto en el que surgen la mayoría de los conflictos de convivencia, ante los que el equipo educativo, a menudo, opta por el uso de medidas de control y contención, sancionadoras y punitivas, solicitando la intervención de los vigilantes de seguridad o de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; quienes, según relatan los niños y niñas, haciendo un uso excesivo y desmedido de la fuerza, suelen ejercer violencia física y psicológica contra ellos (resumen en el propio documento).

Autoría y edición: Fundación Raíces

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