La protección de los menores, además, forma parte de la habilitación competencial asumida por las Comunidades Autónomas, quienes han organizado las funciones en esta materia (prevención, ejecución de medidas, prestación de servicios…) atendiendo a diversos criterios. Para este análisis, acotamos la investigación a nueve Comunidades Autónomas, elegidas por su representatividad poblacional y por el número de niños, niñas y adolescentes en acogimiento en su territorio: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia y País Vasco. Con este análisis, realizado en estas comunidades autónomas y con entrevistas a los principales actores del acogimiento, hemos recogido las principales fortalezas y debilidades del sistema de protección.

Entre las fortalezas del sistema de protección estarían el proceso de renovación y mejora en el sistema, la calidad humana y la implicación de los equipos que trabajan en acogimiento residencial y familiar, el papel de las entidades como impulsoras de procesos de mejora e innovación técnica.

La falta de de datos, el escaso desarrollo normativo, la precarización, un enfoque paliativo en lugar de preventivo, la cronicidad y paso de la protección a la exclusión social, la escasa flexibilidad, la necesidad de mayor coordinación, la dificultad de ajuste al sistema educativo, la fragmentación de responsabilidades y actuaciones, el reconocimiento unánime de la escasa implementación y ejercicio del derecho a la participación, serían las debilidades del sistema de protección de menores recogidas en este estudio.

Entre las debilidades de la medida de acogimiento familiar, estaría el poco conocimiento de la figura del acogimiento, los diferentes criterios de actuación para familias extensas y ajenas, la falta de información. Y en relación al acogimiento residencial señala la invisibilizadas y falta de atención a problemáticas concretas, las condiciones laborales y estabilidad de los equipos y la endogamia del sistema, es muy escaso el trabajo con recursos externos al sistema de protección. Los niños y niñas raramente participan en actividades comunitarias, y la localización física de algunos centros supone que queden aislados. Además, los espacios e intervenciones son poco adecuadas.

Por último ofrece una serie de recomendaciones de mejoras. En la recopilación de datos, homogeneizar la recogida y análisis de los datos según la nueva normativa en materia de protección, y publicar las memorias estadísticas y presupuestarias, asegurando el acceso a las mismas. Una mayor coordinación, atención a las necesidades específicas de los niños en acogimiento, promover espacios de participación infantil de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial y familiar que les permitan hacer aportes de mejora a los recursos donde viven, así como a su barrio y municipio, cambios de enfoque y actualización de modelos. En relación al marco jurídico y técnico necesario, adaptar la normativa autonómica a la reforma estatal (resumen en el propio documento).

Autoría: Equipo de Incidencia Política y Estudios UNICEF Comité Español, a partir del análisis realizado por Espirales Consultoría de Infancia, S.L
Edita: UNICEF Comité Español
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